Diputado Espinoza valora pronunciamiento de contraloría por “viciado” proceso de licitación del municipio de Puerto Octay.
Un informe jurídico cuyo plazo vence el 22 de septiembre solicitó la Contraloría Regional de Los Lagos a la Municipalidad de Puerto Octay, luego de que el diputado PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, realizara una denuncia al organismo contralor por los procedimientos adoptados para aprobar la renovación de la concesión, nuevamente por 30 años, del camping de la comuna al Club de Pesca y Caza.
De acuerdo a la presentación del parlamentario, el municipio de Puerto Octay no efectuó evaluaciones de ningún tipo, ni consideró la posibilidad de realizar una convocatoria mayor de oferentes que, mediante licitación pública, propuesta privada o trato directo, redundara en un mayor beneficio del patrimonio municipal.
“Aquí lo que ocurrió es que el Concejo Municipal, con la excepción de un edil, Víctor Hugo Santana, le está otorgando por otros 30 años más la concesión del mismo espacio público, como lo es el camping de Puerto Octay, al Club de Pesca y Caza sin mediar ningún antecedente de carácter económico ni haber realizado alguna investigación”, aseguró Espinoza.
Respecto del informe solicitado por el organismo contralor, el diputado PS afirmó que “valoro que en pocas semanas ya la Contraloría haya emitido un pronunciamiento preliminar a la Municipalidad de Puerto Octay, solicitándole más antecedentes sobre estos hechos”.
En ese sentido, agregó que “ya ha habido jurisprudencia en otras comunas del país, donde la Contraloría ha obligado a los municipios, ante eventualidades de este tipo, a realizar una licitación pública que permita que haya muchos oferentes, de manera que puedan ofrecer mayores recursos a los municipios respectivos”.
Adicionalmente, el parlamentario por el Distrito 25 solicitó a la Contraloría determinar la legalidad de que haya sido la actual concesionaria la que elaboró un borrador de un eventual nuevo contrato, y que el municipio haya aceptado dicha propuesta como válida, pese a que se trata de un potencial instrumento público que debiera emanar de la propia unidad jurídica de la casa edilicia.
“Nos parece un despropósito y esperamos que la Contraloría General de la República sea taxativa en realizar las acciones que correspondan para echar abajo este proceso, que, desde mi punto de vista, está absolutamente viciado”, concluyó Espinoza.
