Declaración de los obispos ante una medida discriminatoria que atenta contra la libertad religiosa.
El mensaje comienza lamentando que la situación sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 haya empeorado en drásticos niveles en gran parte del país. “Pese a los valiosos esfuerzos desplegados por las autoridades de Gobierno, organismos y ciudadanos, ahora toda la sociedad chilena debe trabajar para cumplir nuevas medidas restrictivas que protejan la salud de la población, especialmente de los más vulnerables”.
“La Iglesia Católica, como otras confesiones religiosas, ha asumido como propia la tarea común de cuidarnos y evitar contagios y, cumpliendo todas las normativas vigentes. En razón de ello, nos hemos visto forzados a restringir, por el cuidado del bien común, la participación de fieles en las ceremonias religiosas, fuente de esperanza y consuelo ante el dolor y la incertidumbre, siendo para muchas personas el único refugio”, recuerda la declaración, agregando que la libertad de culto y de práctica de la fe religiosa es un factor social esencial de una democracia moderna y para la consecución del bien común.
Sostienen los obispos que para la gran mayoría de las personas, el auxilio espiritual, según las formas de cada creencia o confesión religiosa, es un espacio que contribuye esencialmente a sobrellevar las dificultades y momentos de agobio, como los que vivimos. “Por eso nos resulta incomprensible y falto de racionalidad el criterio utilizado por la autoridad en su definición de las nuevas medidas para el Paso 2 “transición” publicadas hoy, las que prohíben absolutamente la asistencia de fieles a ceremonias religiosas (exceptuando los funerales). La autoridad conoce las extremas cautelas que hemos adoptado en las celebraciones de fe los aforos que hasta ayer se reducían a 10 personas en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos, de lunes a viernes. Resulta del todo incomprensible por qué se nos niega una mínima reunión de carácter espiritual, mientras se permite el funcionamiento de diversas otras actividades que contemplan mayores conglomerados y flujos”.
Los representantes del episcopado nacional, lamentan que, habiendo expresado reiteradas veces nuestra preocupación a través de las vías formales “el Gobierno no haya escuchado ni atendido el clamor de las instancias de fe, y termine sancionando una norma que resulta discriminatoria y contraria a la libertad religiosa de la que nuestro país se siente orgulloso” por lo que solicitan a la autoridad del Gobierno que se establezca, cuanto antes “una mesa de diálogo formal con todas las confesiones, que permita llegar a normas y disposiciones que no contradigan la libertad religiosa. Esperamos que de ese diálogo surja reconsiderar esta medida lo antes posible, especialmente en la proximidad de Semana Santa y de otras conmemoraciones importantes para los credos religiosos que convivimos en Chile”.
La declaración es firmada por el Presidente de la CECh, el obispo electo de Valdivia, Santiago Silva Retamales; por el Vicepresidente, Arzobispo de la Serena, René Rebolledo Salinas; por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Celestino Aós Braco OFMCap; el Obispo de San Bernardo y Administrador Apostólico de Rancagua, Juan Ignacio González Errázuriz; y el Secretario General del episcopado, Arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos Pérez.