Gremio de seguridad privada denuncia colapso del sistema y advierte inminente escasez de guardias y vigilantes privados.
Un verdadero colapso es lo que está viviendo el gremio de la seguridad privada en Chile. De acuerdo a la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA), hay alrededor de un 20% de guardias y vigilantes privados que no han podido ser acreditados, a pesar de la alta demanda de seguridad por parte de empresas y entidades que requieren sus servicios. La demanda comenzó a acrecentarse primero desde octubre de 2019 y, luego, por la pandemia, contexto en el que los colabores de la industria asumieron un rol importante en la seguridad sanitaria.
La asociación alerta que en el último año han solicitado a la autoridad fiscalizadora del OS10 y a la autoridad política modernizar el proceso completo de acreditación; sin embargo, no se han realizado las gestiones para llevar a cabo los procesos de forma eficaz, por lo que hay miles de guardias esperando dar exámenes y ser acreditados. La primera vez que acudieron al organismo fiscalizador fue en enero de 2020. “Se ha solicitado en reiteradas ocasiones, a través de reuniones y documentos, la modernización y digitalización del proceso de acreditación. Sin embargo, los procedimientos continúan estancados con la dificultad de la realización de cursos, exámenes de aprobación, entrega de credenciales, entre otros procesos; y eso es de extrema gravedad”, señaló Aldo Vidal, vocero de la asociación.
Antes de la crisis social y la pandemia ya existía un problema de demora con la acreditación, lo que se ha empeorado después de ambos sucesos. Según el gremio, hay una gran cantidad de nuevos colaboradores que ingresan al rubro esperando ser acreditados y cumplir con la normativa vigente. “Para dar respuesta a esta demanda se hace urgente la modernización del proceso. Por ejemplo, la emisión de las nuevas credenciales se está demorando, en promedio, seis meses, lo que produce un vacío y colapso en el sistema”, agregó el representante gremial.
“Es un cuello de botella el que se está generando en los procesos de acreditación, afectando la continuidad operativa y la posibilidad de entregar un servicio eficiente a clientes y consumidores”, dijo el experto, quien agregó que esto también está limitando una fuente de trabajo, lo que se puede transformar en un problema social. A esto se suma el problema al que se enfrenta la seguridad pública, la que ya se encuentra sobredemandada “por lo que es de máxima gravedad que la privada también lo esté por un problema de burocracia”, añadió el vocero.
El gremio ha presentado propuestas para solucionar la situación. Si bien algunas han sido recogidas de forma parcial, como la realización de cursos online, hay otras, como la digitalización de los procesos administrativos, retomar algunos cursos presenciales o la implementación de procesos híbridos, que continúan a la espera.
Finalmente, ASEVA sostiene que se necesita un cambio legal más profundo y llaman a las autoridades a analizar una Ley de Seguridad Privada en el país: “Necesitamos un marco regulatorio moderno, que pueda enfrentar los desafíos que nos presenta la realidad actual, capaz de aportar a la prevención, disuasión y a las necesidades cambiantes y crecientes, aportando así a la corresponsabilidad y coproducción de seguridad para vivir en una sociedad más segura y con menos temor”.
La asociación reitera a las autoridades que está completamente disponible para encontrar soluciones a este problema, en línea con su rol coadyuvante de la seguridad pública.