Presentan proyecto de acuerdo para evaluar el impacto del alza de los materiales de construcción.
Los Senadores Alfonso De Urresti e Iván Moreira presentaron esta iniciativa con la finalidad de que el ejecutivo tome medidas que permitan indagar el aumento del costo en artículos de construcción.
Madera, acero y hormigón son solo algunos de los productos que han incrementado su precio de manera considerable durante esta pandemia. Un aspecto que preocupa es que a raíz de esta alza, también subió el valor de los proyectos habitacionales en hasta un 10%.
El Senador Iván Moreira expresó su preocupación por el impacto que está teniendo el alto costo de los insumos de la construcción en la materialización de viviendas sociales y la ejecución de importantes obras para la región.
“Podrán entregarme mil explicaciones técnicas del porque han subido tanto los materiales de construcción, pero nada de ello justifica que hoy se esté pagando el doble por algunos insumos. Uno de los tantos aspectos preocupantes tiene que ver con el incremento de los costos para construir viviendas sociales o para adjudicar licitaciones, pero para la gente común que quiere arreglar su vivienda o su negocio les pasa exactamente lo mismo. Sin ir más lejos, en la región se han declarado desiertas algunas de ellas producto de que los montos no generan interes en las constructoras, precisamente por el alza en los materiales de la construcción. Si esto les pasa a las constructoras, lo que le pasa a los ciudadanos, es el triple. Es por esto que junto al Senador De Urresti, de la región de Los Ríos, impulsamos este proyecto de acuerdo para analizar más en profundidad este grave problema, y de ser necesario, entregar los antecedentes a la fiscalía nacional económica. El gobierno también tiene que incorporarse a esta discusión y tiene que fiscalizar porque esto se está convirtiendo en un abuso porque cuando hay entrega de beneficios, los precios suben al doble”.
Los antecedentes serán remitidos al Sernac y la Fiscalía Nacional económica para indagar eventuales delitos y en caso de ser necesario, pueden usarse las atribuciones que entrega el Excepción Constitucional al Presidente para congelar los precios de algunos productos.