Declaración Pública de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Sernapesca
Estudiado en profundidad el informe final de auditoría al procedimiento de revisión de causales de eventuales caducidades de centros de salmonicultura de la zona sur del país, creemos importante que la opinión pública no quede con la sensación de que SERNAPESCA no fiscaliza. Por ello, es importante informar a la ciudadanía que para el periodo auditado se revisaron más de mil centros con autorización vigente, control que forma parte de una de las más de 10 líneas de acción fiscalizadora que ejecutan los/as funcionarios/as de Sernapesca y que involucran materias como: pesca artesanal e industrial, acuícola de gran y pequeña escala, inocuidad de plantas de proceso, certificación de exportaciones, pesca recreativa, rescate de fauna, gestión ambiental, control estadístico de desembarque, producción y stock, fiscalización jurídica, entre otras.
Ahora bien, las observaciones en materia de caducidades son temas que efectivamente deben subsanarse, y celebramos este tipo de revisiones externas que son necesarias y así corresponden por transparencia.
No obstante, queremos relevar que el informe de contraloría evidencia, además, una situación que como AFUS hemos planteado a los diferentes gobiernos de turno y a los y las congresistas de las comisiones de pesca y acuicultura, y que es la falta de presupuesto para la Institución que fiscaliza uno de los ámbitos económicos y de seguridad alimentaria más importante para el país.
La Contraloría General de la República devela la falta de personal y la precariedad de los sistemas informáticos del Sernapesca y su equipamiento óptimo para el desarrollo de las funciones encomendadas por el Estado.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades a tomar decisiones urgentes en materia presupuestaria. Las voluntades políticas de todos los sectores ya se han expresado en acuerdo para fortalecer al SERNAPESCA, por lo que en adelante esperamos no encontramos con recortes de financiamiento por parte de la DIPRES, situación que es insostenible. BAJO ESTA PRECARIEDAD ES Y SERÁ IMPOSIBLE ENMENDAR CUALQUIER BRECHA IDENTIFICADA Y AL RESPECTO.
Urge, por tanto, un aumento presupuestario para la renovación del equipamiento y sistemas informáticos, así como completar la dotación mínima Institucional con asignación de grados conforme a la responsabilidad desempeñada, pero hoy cualquier solución al respecto sobrepasa las capacidades y facultades de la Institución y de cada uno/a de sus funcionarios/as, porque dependemos absolutamente de la visión que tenga la DIPRES sobre cada Institución. Insólito.
Como funcionarios/as estamos comprometidos con el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola sustentable para el país. Somos parte de la cadena productiva que mantiene a Chile como segundo exportador de salmón a nivel mundial, y décimo proveedor de recursos y productos pesqueros según lo indicado por la FAO. Somos parte de la generación de alimento saludable para la población de Chile y el mundo, y sustento de materias primas para otras industrias de alta relevancia.
En tiempos en que se legisla una nueva ley de pesca, y ad portas de que ingrese al parlamento la nueva Ley de Acuicultura, no es posible que SERNAPESCA siga sin ser formalizados como organismo fiscalizador en la ley 3.551 con todas las facultades ello apareja. Sin un ente regulador con herramientas para fiscalizar, las leyes se transforman en letra muerta.
Nos declaramos en estado de alerta a nivel nacional y vigilaremos celosamente las gestiones para subsanar este estado crítico, fieles a nuestro mandato y fortaleciendo el compromiso que cada funcionario y funcionaria ha demostrado, yendo más allá de sus responsabilidades en pos de garantizar el uso presente y futuro de los recursos pesqueros y acuícolas.
Llamamos a todos nuestros asociados a lo largo del país a estar informados y atentos, y así también, llamamos a Fundación Terram y otras ONG´s comprometidas con la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad productiva acuícola y pesquera a aunar esfuerzos en esta lucha, porque tanto la sociedad civil como la AFUS no tienen otro objetivo que el resguardo de los recursos hidrobiológicos y naturales y el ecosistema marino del país.