Cabotaje marítimo: proyecto crea condiciones para optimizar la cadena logística

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura –instancia presidida por el senador Fidel Espinoza– conoció los principales alcances del proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo.

 

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, fue el encargado de entregar los detalles del mensaje que cursa su segundo trámite constitucional y que tiene como idea matriz, el “disponer la apertura del cabotaje marítimo con el propósito de crear condiciones para optimizar la cadena logística y el transporte multimodal, generando mejoras de competitividad en la industria y erradicando movimientos de carga ineficientes que se desarrollan en las costas y puertos del país”.

 

Cabe hacer presente que la Comisión lamentó la ausencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, invitado oportunamente y en más de una ocasión, y se dejó constancia de que su cartera ha estado en constante participación de la tramitación.

 

Durante la sesión intervino la presidenta del sindicato Interempresas Mujeres Mercantes Chile, María Gaete, quien enfatizó que quieren que la marina mercante siga siendo 100% nacional, además de proteger los puestos de trabajo.

 

En esa línea, cuestionó varios puntos, entre otros, que no tendría bajas sustanciales en los valores de los consumidores finales, pero sí fomenta a los conglomerados extranjeros. “La ruta de salida es un cabotaje solapado”, afirmó.

COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD

 

El ministro Muñoz indicó que el texto da respuesta a “la pérdida de eficiencia y productividad” del sector por, entre otros, el estancamiento del mercado, que se ha mantenido relativamente constante durante más de 20 años, cerca de los 12,5 MM ton”.

 

Esto, sumado a “altas tarifas. Mover carga entre San Antonio y Punta Arenas cuesta USD $2.826, lo que es un 4,6 veces que la ruta internacional entre San Antonio y Callao (Perú), que cuesta USD $609 por la distancia equivalente”, ejemplificó.

 

Además, aludió a “ineficiencias operativas, con cierres de puertos y doble pago de recorrido”.

 

Sobre el mensaje, fue enfático en que “se mantiene cerrado el cabotaje”, se mantiene la definición actual y se excluye al transporte de carga de comercio exterior entre puertos chilenos y el caso de cierre de puertos y se regula para que la prioridad la tengan las naves chilenas.

 

Manifestó el compromiso del fomento con enfoque de género y sobre cabotaje de pasajeros, precisó que se mantiene el actual umbral de 400 pasajeros, es decir, solo cruceros de mayor capacidad pueden hacer cabotaje.

 

En la Ley de Navegación, indicó que se eliminan barreras administrativas, para permitir que existan más empresas navieras constituidas en Chile. Estas empresas deberán cumplir con la ley laboral chilena y tributar en Chile.

 

Lo referido a nacionalidad de la tripulación para tener bandera nacional, aclaró que se mantiene ley vigente que, para enarbolar pabellón nacional, exige que el capitán, el primer oficial y el 100% de los tripulantes sean chilenos, entre otros puntos detallados.

NECESIDAD DEL PROYECTO 

 

Muñoz aclaró que el mensaje “no abre el cabotaje, solo se modernizan las excepciones existentes” y reforzó que es necesario “para incorporar mayor competencia y productividad en el transporte marítimo nacional”.

 

Esto, prosiguió, “para reducir los costos para las empresas y los precios finales que pagan los consumidores y consumidoras, lo que va en directo beneficio de las mipymes”.

 

Destacó, además, que se “fortalece el modo marítimo como alternativa de transporte y se da mayor resiliencia al sistema”, en conjunto con el “aumento de la eficiencia del movimiento de carga, aprovechando la capacidad ociosa de las naves”.

 

Asimismo, resaltó que se atenúan las consecuencias negativas de los cierres de puertos; se contribuye a reducir las emisiones de CO2 mediante el mayor uso del modo marítimo; se busca un adecuado equilibrio entre los distintos intereses y se promueve la inversión extranjera, facilitando la constitución de empresas navieras chilenas.