Denuncia por falta de accesibilidad en el municipio de Osorno llega a la Corte de Apelaciones
La concejala de Osorno, Natali Guissen, presentó esta mañana un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, denunciando el incumplimiento de las normativas sobre discapacidad y accesibilidad universal por parte del municipio. La autoridad local, quien utiliza una silla de ruedas eléctrica, ha enfrentado reiteradas dificultades que, hasta la fecha, le han impedido acceder a su oficina en el edificio consistorial, cuyos accesos no cumplen con los estándares legales y respecto de los cuales tampoco se le han ofrecido propuestas o soluciones provisionales.
“Lo que buscamos con esto es cambiar los paradigmas sociales que tenemos sobre las personas en situación de discapacidad, sentar un precedente de que hoy en día tenemos un marco legal que nos avala, y entender que esto no es un tema personal, sino que es poder solicitar a una institución pública que puede y debe ser garante de mis derechos como persona con discapacidad y que además tengo el mandato de la ciudadanía para ejercer en igualdad de oportunidades y condiciones mi rol como concejala, al igual que el resto de mis compañeros y compañeras también recién electos”, declaró Guissen tras presentar el recurso.
La situación fue reconocida por el alcalde Jaime Bertín, quien aseguró que se están tomando medidas para resolver el problema. Sin embargo, Guissen lleva más de un mes esperando una solución que no ha llegado, lo que le ha impedido desempeñar adecuadamente su labor. Ante esta falta de respuesta, la concejala se ha visto obligada a asumir gastos personales para arrendar un espacio que funcione como oficina y le permita atender a los y las vecinas de Osorno.
María José Escudero, directora de incidencia y desarrollo de la Fundación Ronda, destacó la gravedad de la situación, “Esto no puede suceder en el 2025, porque para que una persona con discapacidad llegue a un cargo público significa que previamente superó numerosos obstáculos educacionales, sociales y culturales. Que hoy, al ocupar su lugar, no pueda ejercerlo plenamente es una vulneración de derechos muy profunda. Además, debemos considerar las barreras adicionales que enfrenta Natali por ser mujer, tener discapacidad y vivir en región”.
La Fundación, por su parte, ofreció al municipio apoyo técnico y de profesionales expertos en la materia de forma gratuita, con el objetivo de dar una pronta solución a la concejala.
Fernando Silva, abogado de la concejala, fundamentó la acción legal y enfatizó los agravios a los que se ve expuesta la autoridad. “La infraestructura que hoy en día tiene la Municipalidad para desarrollar el quehacer de los y las concejales, no está cumpliendo la normativa que establece la Ley 20.422. Natali, con esta rampa y con el no poder tener un acceso a una oficina gratuita como el resto de los ediles, obviamente está viendo vulnerada su integridad psíquica y física, corriendo el riesgo en cada momento, cada vez que ocurre una sesión de consejo, de caerse o de generar algún daño mayor”, manifestó Silva.
Por su parte, SENADIS en la región además de asesorar y respaldar las acciones de la concejala, oficiaron a la municipalidad ante la Contraloría General de la República, con la finalidad de asegurar que se tomen las medidas correspondientes.
La denuncia presentada busca generar conciencia sobre la importancia de resguardar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión sociolaboral, participación política y accesibilidad universal en los espacios públicos. Especialmente en las instituciones que deben liderar en materia de inclusión y cumplimiento legal.
Con este objetivo, y para visibilizar las irregularidades que enfrentan más de tres millones de personas en nuestro país, la concejala decidió denunciar el incumplimiento de estas normativas. Además, tanto la concejala como la Fundación Ronda expusieron esta situación en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara Baja y el Senado, donde se alcanzaron importantes acuerdos y un respaldo unánime por parte de los y las parlamentarios(as).