Más requisitos para el ingreso a pedagogías no es la solución.
Por Katherinne Osses Ritz, Directora Escuela de Pedagogía, Universidad de Los Lagos y Rodrigo Lagos Vargas, Director Departamento de Educación – Universidad de Los Lagos
En marzo del presente año, el Gobierno ingresó un proyecto de ley para modificar la Ley N° 20.129, con el propósito de establecer nuevos mecanismos que permitiría contextualizar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía en el país, especialmente en territorios como las zonas extremas carentes de muchos docentes en áreas críticas. Esta propuesta surge ante la imposibilidad de implementar los requisitos establecidos desde 2019, debido al descenso sostenido en las matrículas de pedagogía y por sobre todo a la proyección de un déficit superior a 30.000 docentes para 2030. No obstante, en una reciente sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados se rechazó la idea de legislar este proyecto, por falta de quórum en su aprobación. Lo anterior, señala la urgencia de contribuir a una discusión más amplia y hace fundamental la próxima revisión de la propuesta por parte de la Sala de la Cámara.
Para universidades regionales como la Universidad de Los Lagos, con una trayectoria muy relevante en la formación de profesores desde y para la Región de Los Lagos, la entrada en vigencia de los actuales requisitos para admisión del año 2026 genera una profunda preocupación. Proyecciones del DEMRE estiman que a nivel país, la matrícula nacional podría disminuir mas de un 50 %, afectando gravemente la sostenibilidad de los programas de pedagogía, especialmente en zonas extremas donde el panorama resulta más crítico. Si bien mejorar los estándares de ingreso puede parecer relevante, aumentar en 124 puntos el puntaje PAES respecto al año anterior no asegurará, por sí solo, una mejor formación ni un mejor desempeño profesional docente.
La evidencia demuestra que la calidad del profesorado no se define exclusivamente por el puntaje de ingreso a la universidad, sino por un conjunto más amplio de factores. La formación inicial docente es una de las profesiones más reguladas del sistema educativo, desde el ingreso hasta el ejercicio profesional (junto a medicina). Quienes estudian pedagogía están permanentemente sometidos a evaluaciones, al cumplimiento de estándares y a procesos de acreditación. Sin embargo, esta alta regulación convive con condiciones laborales muy exigentes: mucho trabajo administrativo, falta de tiempo para el trabajo colaborativo y la preparación de la enseñanza y un creciente desgaste de la salud mental, lo que afecta la retención de los docentes en el sistema escolar y su mismo desarrollo profesional, entre otras situaciones.
A esto se suma un bajo reconocimiento social de la profesión: solo el 20 % de los docentes en Chile considera que su labor es socialmente valorada, lo que incide directamente en la atracción de nuevos talentos. Asimismo, el financiamiento de la formación de docentes en Chile sigue siendo baja en comparación con el promedio OCDE, por ejemplo, el arancel regulado destinado a la formación docente resulta insuficiente para el estándar docente requerido. Esta situación limita a las Instituciones formadoras las posibilidades de innovación, de implementar prácticas efectivas y de incrementar su apoyo a las y los estudiantes e igualmente a los establecimientos educativos de su territorio.
Por otro lado, el fenómeno de la deserción docente en los primeros años de ejercicio es alta, con un abandono cercano al 14 %, lo que estresa aun más a un sistema ya exigido por la falta de una visión de Estado sostenida y consensuada por todos los sectores sobre la carrera docente.
La mejora de la formación de profesores requiere una mirada sistémica: no hay soluciones mágicas, y el aumento de puntajes no ayuda si es de manera aísla. Lo que se requiere es una política integral que articule estándares de la profesión docente, la equidad territorial, condiciones laborales, formación pertinente y reconocimiento social. Legislar o implementar más exigencias de ingreso a la carrera docente sólo agravará el problema que se pretende resolver y afectará a quienes formamos profesoras y profesores de regiones como la nuestra.