ALTO INMUNE advierte: la demora en sumarios por licencias médicas aumenta riesgo de prescripción y debilita el efecto disuasivo
Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) reveló que cerca de 21 mil sumarios administrativos por uso indebido de licencias médicas en el sector público aún se encuentran en tramitación, de un total de 22.954 investigaciones instruidas. De estos procesos, solo 2.160 cuentan con resolución y 562 ya cuentan con resolución ejecutoriada. En paralelo, el número de funcionarios involucrados aumentó a 28 mil.
De acuerdo al organismo, de estos 28 mil funcionarios, más de 23 mil siguen activos en sus servicios, mientras que 4.888 fueron removidos, aunque 2.670 siguen con sumarios en desarrollo.
Según Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO INMUNE, “el ritmo de tramitación y cierre de los sumarios administrativos muestra una brecha significativa entre la instrucción de los procedimientos y su resolución final. Menos del 10% de los casos obtiene una resolución, apenas un 2,4% está completamente cerrado, mientras cerca de 21 mil expedientes siguen en tramitación. Esto refleja un bajo nivel de término efectivo de los procesos”.
“En este caso se trata de un funcionario público que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. Aunque los hechos ocurrieron hace varios años, el servicio tomó conocimiento recién a partir de un informe de la Contraloría, y el sumario administrativo se inició cuando ya había transcurrido la mayor parte del plazo legal disponible. Esto deja un margen muy acotado para investigar y eventualmente sancionar, y cualquier retraso adicional puede terminar impidiendo que se aplique una medida disciplinaria” ejemplifica Rodrigo sobre este proceso.
Asimismo, indica que la diferencia entre la cantidad de funcionarios involucrados y los sumarios que siguen activos se explica por aspectos como el alto número de implicados en uno o más sumarios, la acumulación o agrupación de causas, las distintas etapas procesales en que se encuentran los involucrados, la reaperturas o derivaciones internas, y los sumarios ya resueltos que mantienen a funcionarios contabilizados.
“Esta diferencia no constituye una inconsistencia, sino que refleja la estructura agregada del proceso disciplinario, donde el sumario es la unidad procedimental y el funcionario es la unidad individual de responsabilidad”, recalca Varela.
En la firma advierten que este panorama presenta limitaciones en la capacidad operativa y de gestión del sistema disciplinario, ya sea por restricciones de recursos, complejidad procedimental o acumulación de causas. “La prolongación de los plazos impacta negativamente en la eficiencia administrativa, en el debido proceso y en la oportunidad de aplicar medidas correctivas, lo que puede generar riesgos de prescripción, congestión institucional y debilitamiento del efecto disuasivo de los sumarios”, enfatiza Varela, quien agrega que se hace necesario fortalecer los mecanismos de gestión, priorización y cierre de los procedimientos disciplinarios.
“Cuando se llega a una situación en la que 28 mil funcionarios están involucrados en investigaciones por el mal uso de licencias médicas, ya no se trata de casos aislados, sino de una señal evidente de que los controles actuales no han sido suficientes. Un mayor control no solo ayudaría a detectar irregularidades a tiempo, sino que también desincentivar estas prácticas, dejando claro que existen consecuencias reales”, dice Rodrigo Varela.
Causas de sumarios sin resolver
Entre los factores que influyen en la demora en la resolución de los sumarios se encuentra la sobrecarga del sistema y capacidad operativa limitada; lo extenso de los procedimientos y altamente formalizados, la insuficiencia de recursos humanos especializados, las dificultades probatorias y coordinación interinstitucional, y los débiles incentivos para el cierre oportuno de los sumarios.
“En conjunto, estas fallas explican por qué una parte significativa de los sumarios permanece activa y refuerzan la necesidad de modernizar el sistema disciplinario, mediante mejoras en gestión, recursos, digitalización y control de plazos”, resalta Rodrigo Varela.
Respecto al aumento a 28 mil funcionarios que están siendo investigados por el Estado por estas licencias médicas,esto muestra una amplitud transversal del incumplimiento, un riesgo significativo para la probidad administrativa, el impacto operativo y gestión del Estado, el potencial efecto fiscal relevante, y la señal de fallas preventivas y correctivas.
“En conjunto, el aumento a 28 mil funcionarios eleva el caso desde una problemática administrativa a una situación de carácter estructural, que requiere respuestas sistémicas, coordinadas y oportunas para restablecer estándares de cumplimiento y control en el sector público”, dice el gerente legal de ALTO INMUNE.