Fiscal Nacional expuso la necesidad de Fiscalías Supraterritoriales para el combate del crimen organizado y corrupción
Con una presentación centrada en materias referidas al cumplimiento de sus funciones, autonomía y propuestas de modernización que podrían ser consideradas en el anteproyecto del borrador de nuevo texto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expuso ante el órgano constitucional
En su intervención ante la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, el titular del Ministerio Público, repasó materias referidas a nombramientos, metas, inhabilidades, atribuciones, financiamiento y modernización de la institución. Valencia, valoró la creación, instalación y puesta en funcionamiento del Ministerio Público en democracia. “Es importante valorar lo logrado, proteger lo conseguido, identificar cuáles son los aspectos de mejora, para no alterar aquello que funcionaba bien”, dijo.
Valencia, además, abordó que “si bien en el pasado, nuestro objetivo era fortalecer la regionalización, hoy día enfrentamos desafíos en materia de crimen organizado que justifican que no solo tengamos fiscalías regionales, sino que podamos contar con una o más Fiscalías Supraterritoriales, es decir, que pueden combatir eficazmente los fenómenos criminales que no respetan nuestras fronteras administrativas internas”.
En la ocasión el Fiscal Nacional también abordó mecanismos internos que buscan fortalecer a la institución, “que son aquellos que aseguran la autonomía institucional de la Fiscalía, respecto del poder político, para los efectos de que no sea ocupada como herramienta para perseguir a los adversarios y perseguir eficazmente la corrupción pública”.
La comisionada Paz Anastasiadis expuso que “tenemos materias que revisar del funcionamiento del Ministerio Público, respuesta en materia de seguridad pública y, en este sentido, lo que ha expuesto (el Fiscal Nacional), coincide con la mirada que tenemos desde la subcomisión, en cuanto a que flexibilicemos su rol, de manera de ser capaz de responder a la problemática de criminalidad que hoy día está viviendo el país”.
En la segunda parte de la cita, el órgano constitucional recibió al Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, junto al Ministro Leopoldo Llanos y la Ministra Vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, ocasión donde expusieron materias relativas a la independencia, la autonomía del Poder Judicial y el firme compromiso con la protección de los derechos de las personas, junto a propuestas respecto al Gobierno Judicial, como la iniciativa que busca la separación de las labores jurisdiccionales de las del gobierno judicial que hasta ahora ejerce simultáneamente.
“Lo que hemos postulado, es que esas labores que no tienen que ver con lo propiamente jurisdiccional, que es conocer, juzgar y resolver los conflictos sometidos al conocimiento de los tribunales, a fin de cautelar los derechos de la persona, son labores que pueden quedar perfectamente entregadas a un órgano de gobierno autónomo, que, desde luego, debe estar integrado por jueces», aseguró el Ministro Llanos.
Por su parte, el comisionado Hernán Larraín destacó que “lo jurisdiccional sigue bajo la tuición de la Corte Suprema y de los Tribunales de Justicia, pero cómo se organiza la parte no jurisdiccional, ahí se ha planteado la idea de un Consejo de la Justicia o de la Magistratura, que ha sido muy cuestionado y criticado y ha habido, también, la posibilidad de pensar que esas funciones no jurisdiccionales como el nombramiento, la función disciplinaria, la administración, la gestión de los recursos y la formación de los jueces, sean realizadas por órganos distintos”.
“Este es otro de los tantos temas en que hay consenso transversal, no solo político, sino que de la doctrina y de la academia, en que es urgente separar las funciones jurisdiccionales, es decir conocer las causas de todas las otras funciones administrativas que tiene a cargo el Poder Judicial. Los nombramientos, la formación de los jueces, capacitación, son temas que debieran profesionalizarse en otro órgano y la Corte Suprema dedicarse a lo que está convocada, que es conocer las causas, civiles y criminales, en su última instancia”, indicó la comisionada Leslie Sánchez.