IVA a los Servicios: ¿Injusticia Tributaria?
Guillermo Fuentes Contreras
Director de Carrera Contador Auditor U. Central
A ocho meses de la criticada entrada en vigencia de la Ley 21.420 sobre la aplicación del IVA a las prestaciones de servicios, se han creado alrededor de 13.000 sociedades de profesionales en territorio nacional.
Esta ley que entró en vigencia el 01 de enero de 2023, grava con el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los servicios que hasta antes de la norma no tenían la obligación de añadir el 19% al valor del servicio.
Sin embargo, no pagarán IVA los servicios que ya tenían una exención, como los servicios de transporte de pasajero urbano y rural, educación como colegios, jardines infantiles, universidades, entre otros. Tampoco pagarán los servicios ambulatorios de salud, como las consultas médicas, odontológicas, imagenología, cuya exención se incorporó en la Ley.
Pese a los reparos y el debate antes de la aprobación de la ley y el impacto que tuvo en la opinión pública, que el recargo del IVA (19%) sería trasladado al consumidor final. El ente fiscalizador dejó una ventana abierta para eximir del IVA, otros servicios con la creación de sociedades de profesionales, cuyo plazo para hacerlo comprendía el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre próximo. Es decir, los ingresos obtenidos por estas sociedades estarán exentos de IVA, siempre que estén registradas como tales ante el SII y cumplan los requisitos correspondientes.
Hecha la norma, hecha la trampa, solo en enero se constituyeron más de 5.500 sociedades de profesionales. Entonces, es dable pensar, de donde se obtendrán recursos adicionales para pagar en el futuro la Pensión Garantizada Universal, si la entrada en vigencia de esta Ley, tenía como propósito financiar esta Pensión.
¿Se estaría cometiendo un acto de elusión?, considerando la elusión fiscal, como cualquier acción realizada por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Lo relevante de esta interrogante, es que el ente fiscalizador fue el que emitió la circular para que estas sociedades no quedaran gravadas con IVA, ocasionando la injusticia tributaria, debido a que ante el mismo hecho gravado por servicios prestados, las empresas que no están constituidas como sociedades de profesionales estarían afectas a IVA.