Nueva Ley de Delitos Económicos y su impacto en las empresas chilenas
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos este 1° de septiembre, las empresas se enfrentan a un nuevo y desafiante escenario regulatorio. Esta normativa, promulgada el 17 de agosto de 2023, introduce cambios significativos en el marco legal, afectando leyes clave como el Código Penal y la Ley General de Bancos.
En un contexto donde los delitos de “cuello y corbata” han capturado la atención pública, la Ley de Delitos Económicos busca cerrar las brechas legales que permitían que algunos actos ilícitos quedaran impunes o recibieran sanciones insuficientes. Sin embargo, su implementación ha generado preocupación en el sector empresarial, ya que algunos temen que la severidad de las sanciones pueda crear un clima de incertidumbre y desalentar la inversión.
Asimismo, la reciente discusión sobre la aplicación de esta ley en casos mediáticos, como el del abogado Luis Hermosilla, ha puesto de relieve sus limitaciones. Según expertos legales, los hechos imputados al jurista ocurrieron antes de la promulgación de la normativa, lo que lo exime de ser juzgado bajo sus disposiciones más severas. Este caso subraya la importancia de que las empresas actúen con prontitud para adaptar sus políticas y evitar consecuencias legales en el futuro.
José Ignacio Camus, fundador y socio de Admiral Compliance, destaca que “esta ley marca un antes y un después en la regulación económica del país. No solo amplía las categorías de delitos considerados económicos, sino que también impone una serie de obligaciones preventivas para las empresas, independientemente de su tamaño. Esto supone un desafío considerable, especialmente para aquellas que no han implementado un sistema de cumplimiento normativo robusto”.
La normativa clasifica los delitos económicos en cuatro grandes categorías, abarcando desde infracciones bancarias y tributarias hasta delitos de corrupción y lavado de activos. Además, introduce un sistema de días-multa calculado en base a los ingresos diarios del condenado, asegurando que las sanciones sean proporcionales a su capacidad económica.
Carolina Álvarez, experta en cumplimiento normativo, señala que “la obligatoriedad de implementar sistemas de prevención del delito es ahora una realidad para todas las empresas, incluyendo grandes, medianas y pequeñas. La ley exige transparencia y medidas de control que, en caso de incumplimiento, pueden llevar a sanciones que van más allá de las multas, como la inhabilitación para ocupar cargos gerenciales o celebrar contratos con el Estado”.
Admiral Compliance reafirma su compromiso de apoyar a las empresas en la adaptación a este nuevo marco legal, ofreciendo asesoría especializada para la implementación de sistemas de compliance que no solo cumplan con la ley, sino que también protejan a las organizaciones de riesgos potenciales. Esta asistencia es crucial en un entorno donde la prevención y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares esenciales para la sostenibilidad empresarial.