ONG Campo Seguro se refiere al proceso de reorganización judicial de Chilterra y la eventual venta de propiedades a Conadi que presenta contradicciones y eventuales ilegalidades
El último fin de semana, el medio The Clinic publicó un reportaje respecto a las gestiones para que las propiedades agropecuarias pertenecientes a Chilterra y Agrícola Dos Ríos – que se encuentran en situación reorganización judicial debido a deudas con acreedores – sean adquiridas por CONADI. El reportaje menciona una “ocupación productiva”, encubriendo lo que en realidad es, una usurpación y limitando la compra a sólo este servicio público.
Efectivamente, la propuesta de reorganización judicial presentada en octubre del presente año, contempla la compra de terrenos por parte de CONADI para ser destinadas a comunidades indígenas, 7 provenientes de la región de La Araucanía y sólo 1 de la región de Los Ríos.
Al respecto, Francisco Muñoz – Gerente de ONG Campo Seguro – señaló que “resultan cuestionables aspectos relevantes de la propuesta: Propuesta de 10 % de comisión por gestiones de enajenación de los bienes, aun cuando en corretaje de propiedades oscila en torno al 2%; prevalencia de comunidades beneficiarias provenientes de la Región de La Araucanía; y deuda de contribuciones desde el año 2021, lo que impide la inscripción de las subdivisiones de las propiedades”.
En cuanto a aspectos normativos, Muñoz indicó que “CONADI se encuentra impedida legalmente de adquirir predios que se encuentren tomados; y la transferencia de propiedades imposibilitada debido a la deuda de pago de contribuciones, cuestiones que haremos presente a los estamentos correspondientes”.
Finalmente, es importante recalcar que es la Junta de Acreedores constituida por Rabobank, Scotiabank, Itaú, Security y Prolesur, quienes este miércoles determinarán la aceptación o rechazo de esta propuesta de reorganización judicial. “Ésta, de ser aceptada, daría continuidad al modus operandi de ocupación ilegal y posterior compra de tierras por parte de CONADI y aún más inquietantes son los precedentes de comisión de hechos violentos, públicamente conocidos, asociados al arribo de comunidades provenientes de La Araucanía”, puntualizó Muñoz.