El Costo de los Discursos Permisivos

Por Bernardo Candia Henríquez

Los discursos públicos son una herramienta poderosa que permite generar opinión pública y mover la balanza emocional para un lado u otro.

Somos testigos de cómo en Chile se han instalado discursos permisivos en diferentes +ámbitos, espacialmente después del estallido social y de la pandemia. Esto se refleja, por ejemplo, en la relativización de la violencia, justificación de las tomas de terrenos y normalización de la usurpación.

Esta permisividad, muchas veces respaldada o tolerada por autoridades e instituciones, debilitó la responsabilidad cívica y fomentó una cultura del “todo vale”.

Con esta permisividad se logra dar una señal clara: cuando se justifica lo ilegal, lo ético también se degrada. Existe un relajamiento del compromiso ciudadano responsable de cumplir con sus deberes y no sólo exigir sus derechos.

Hay hechos diarios donde somos testigos de esta permisividad, como el no entregar boleta, donde incluso al cliente se le pregunta “¿necesita la boleta?”, cuando en realidad debiera entregarse porque es ley.

Lo mismo ocurre con el uso fraudulento de licencias médicas para vacaciones, que solo daña el sistema público. Solo en FONASA, el abuso de licencias representa un costo anual de 1.500 millones de dólares. Recursos que podrían destinarse a salud, educación o pensiones. Pero quienes abusan actúan con un egoísmo claro sin reflexionar respecto del deterioro del sistema, el daño social y lo peor, muchos después se abanderizan exigiendo beneficios sociales.

Esta degradación ética no es exclusiva de la ciudadanía. Parlamentarios aprobaron retiros de fondos previsionales con un populismo extremo, priorizando intereses personales por sobre el bien común. El daño económico que provocaron aún lo paga el país. Las fiestas, cuando son irresponsables, salen caras.

La crisis ética también ha alcanzado instituciones que deberían ser ejemplo: Fuerzas Armadas, Iglesia, Carabineros, PDI, fiscales, jueces, alcaldes y parlamentarios. La corrupción se ha vuelto frecuente y tolerada.

Chile necesita con urgencia una reacción firme. Formar servidores públicos probos, que comprendan que el servicio al Estado no es una vía para enriquecerse, sino un compromiso de vida con el prójimo. La lógica del servicio público es incompatible con la lógica del negocio. Si no reencauzamos nuestra ética colectiva, el costo será no solo económico, sino moral.

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