Estado de excepción y estabilidad democrática: La insoportable liviandad de la casta política. Por Gonzalo Diaz Martínez, profesor. Candidato Constituyente independiente por la lista Apruebo Dignidad en el Distrito 25.
El 13 de marzo expira el estado de excepción decretado por el presidente en diciembre de 2020. En esa fecha se cumplirá un año en estas condiciones y con ello se torna urgente evaluar la continuidad de esta que, preocupantemente, se ha vuelto nuestra “nueva normalidad”.
La Constitución y la ley Orgánica Constitucional que regula los estados de excepción establece una serie de atribuciones al gobierno para poder enfrentar estas situaciones, todas ellas limitan las libertades personales en el ámbito económico, sanitario y, fundamentalmente, en la libertad de desplazamiento y movilidad.
Al revisar el conjunto de medidas adoptadas durante este año nos encontramos con que, salvo la fijación de precios del examen PCR, no hay ninguna que haya afectado la sacrosanta libertad de comercio: la consecuencia es que los precios de bienes e insumos esenciales han seguido
subiendo, como da cuenta el IPC de alimentos y el valor de la canasta básica.
La experiencia internacional nos muestra que el confinamiento es el último recurso al que se recurre ya que, entre otros factores negativos, ha tenido un fuerte impacto sobre el aumento de la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, en nuestro país, el estado de excepción ha sido usado como herramienta para limitar la libertad de desplazamiento y reunión de las personas. El mejor ejemplo es el del toque de queda, usado políticamente con la excusa de proteger a la población, cuando en realidad sigue siendo el escudo de protección de un gobierno que sigue con una baja popularidad y proponiendo políticas desconectadas de la realidad del nuevo chile que emergió el 18 de octubre de 2019.
Para desgracia de Piñera, la prolongación del estado de excepción requiere de un acuerdo del congreso, donde debería, obligatoriamente, rendir cuenta de cómo ha ejercido sus atribuciones. La Contraloría General de la República nos ha puesto en alerta sobre varias irregularidades, entre ellas: los sobreprecios pagados en cajas de alimentos, contratos ilegales para residencias sanitarias, la demanda de una empresa china por pago de los ventiladores.
En medio del proceso constituyente, es importante que los convencionales que se elijan planteen la tarea urgente de repensar como se compatibiliza un estado de excepción con el ejercicio de la democracia y las atribuciones del gobierno. A mi modo de ver, esto implica redefinir cuál es el bien público que se debe resguardar cuidando las garantías básicas de un régimen democrático, además de declarar los requisitos y su período de duración.
En definitiva, los estados de excepción debieran ser acotados a la situación puntual, con el visto bueno e informes de ejecución constante y permanente al Congreso. De esta forma no permitimos que se extienda más allá de lo necesario y de restituir el normal estado democrático en el período más corto posible. Como bien nos ha demostrado la historia, un gobierno con superpoderes siempre puede ser una amenaza para el bienestar colectivo