Corte Suprema que acoge amparo y rechaza expulsión del país de militar uruguayo condenado por homicidio de Eugenio Berríos
La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por Wellington Sarli Pose, militar uruguayo expulsado del país tras cumplir una condena de 5 años y un día de presidio por el secuestro del agente de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo.
En fallo dividido (causa rol 39.484-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– estableció el actuar arbitrario del Ministerio del Interior y Seguridad Publica al decretar la expulsión del amparado, quien cuenta con arraigo en el país y cumplió la totalidad de la pena.
“Que, por otro lado, se encuentra demostrado, mediante los documentos aportados por la recurrente, que éste lleva 14 años arraigado en nuestro país, contrajo matrimonio con una ciudadana chilena, actualmente cuenta con una fuente de trabajo, cumple con las exigencias de las normas de seguridad social, y tiene un apoyo social y familiar sólido”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “en ese orden, dadas las consideraciones precedentes, no resulta razonable que en el caso sub lite, la mera imposición de una condena dictada por hechos acaecidos hace más de 20 años, que por lo demás fue cumplida integra y satisfactoriamente, justifique la orden de expulsión materializada en el Decreto N°187, emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el 19 de febrero de 2016, y menos aún si se considera su intachable conducta durante su libertad condicional y su arraigo social y laboral”.
“(…) en consecuencia, los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias ya anotadas, y considerando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución Política de la República, es motivo suficiente para acoger la acción intentada”, añade.
Decisión acordada con los votos en contra de los ministros Künsemüller y Valderrama, quienes fueron del parecer de confirmar la resolución apelada.