Desarrollo social y normativa ambiental. Por Isidora Ramírez, Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El pasado 18 de diciembre bien podría ser tenido como un día simbólico para Chile en el avance hacia un desarrollo más sostenible. En concreto, un día histórico para el desarrollo “digital” sostenible.
Y es que ¿quién no se ha quejado alguna vez los esperpentos cables que cuelgan de los postes de la luz, unos sobre otros, todos destartalados? O, ¿a quién no le ha pasado de estar en un paraje de indudable belleza escénica y, a la hora de sacar una foto, ver que el cuadro viene en ser opacado por un poste que irrumpe altanero e indiferente con el paisaje?
Pues bien, felizmente, esto está por cambiar. Hace unas semanas, gracias a las gestiones y denuncias de vecinos de la comuna de Puerto Octay, atomizadas técnica y legalmente Terrasur Abogados, fue enviada al Ministro de Obras públicas, don Alfredo Moreno, una propuesta para reformar el “Instructivo de paralelismos en caminos públicos” de 2013 que, en su redacción actual, encarece innecesariamente la posibilidad de soterrar los proyectos de telecomunicaciones, lo que lleva a las empresas del rubro a preferir ejecutarlos por medio de la postación aérea.
El quid de la propuesta modificatoria radica en que dicho Instructivo contiene normas y contempla exigencias sin un real asidero técnico, que lamentablemente vienen en entorpecer y encarecer el despliegue de fibra óptica en nuestro país, cobrándose un alto precio socioeconómico y medioambiental.
En efecto, la carta enviada al ministro Moreno, explica cómo la aplicación estricta de varias disposiciones del Instructivo implican el aumento de hasta un 40% del costo económico de la instalación de fibra óptica de manera subterránea. El ejemplo más notorio, es que la norma exige soterrar la fibra óptica a una profundidad de al menos 1,2 metros, requisito que eleva enormemente el coste del despliegue y no obedece a consideración técnica, ni de seguridad vial alguna.
¿Las consecuencias de esta norma sinsentido? El menoscabo de activos sociales tan importantes como el paisaje, el turismo, e incluso el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reconocido por la propia Constitución. No por menos, recientemente han proliferado las acciones judiciales en contra de proyectos de paralelismo y atraviesos como aquel que comenzó a ser ejecutado en las comunas de Puerto Octay y Frutillar, donde vecinos del sector, apoyados por la Corporación PLOC y la Fundación PLADES, recurrieron de protección por la clara afectación a su dicho derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación visual.
Vivimos en un mundo donde la brecha digital es síntoma de vulnerabilidad y constituye un freno que marginaliza el desarrollo sostenible y lo hace inaccesible a las familias que viven en la no conectividad o ruralidad digital. Por su parte, la alta dispersión en la demanda, los altos costos de inversión y la baja rentabilidad en un país con numerosos caminos rurales y bajo poder adquisitivo, son factores de reticencia para el sector corporativo a la hora de invertir en telecomunicaciones.
Para dar respuesta a la imperante necesidad de Internet, incrementar la velocidad de despliegue y bajar los costos de inversión (que al fin y al cabo, se traducen en costos del servicio para los usuarios), se hace imprescindible modificar la normativa actual de la Dirección de Vialidad, haciéndola más eficiente. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos utilizando estándares de desarrollo anacrónicos, propios del lustro pasado.
Parlamentarios como el diputado Harry Jurgensen han sabido apreciar esta oportunidad, propiciando una instancia de diálogo entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad civil. Es de esperar que otros miembros del Congreso se sumen a esta iniciativa y bien tengan en respaldar la modificación del Instructivo, sobre todo en tiempos de pandemia, donde un sinnúmero de familias en todo el país ha perdido sus empleos y tienen como único medio de subsistencia posible el reinventarse utilizando medios digitales.
Chile tiene una gran oportunidad-país, cual es impulsar y mejorar el desarrollo digital sostenible de todos los habitantes del país, como herramienta de combate contra la pobreza multidimensional que aqueja a toda Latinoamérica, erigiéndose como referente a nivel continental y, por qué no, mundial. Sería imperdonable no saber aprovechar esta oportunidad que permitiría posicionar el liderazgo de nuestro país con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este nuevo año que comienza.
Que el 2021 sea el año de la sustentabilidad.