Buscan eliminar cobro de aseo domiciliario a adultos mayores y personas vulnerables
Como un importante beneficio calificó el diputado Daniel Lilayú el proyecto de ley que presentó junto a otros diputados, mediante el cual de ley que modifica el decreto ley número 3.063 de 1979 sobre rentas municipales con objeto de establecer la caducidad del cobro de los derechos de aseo municipal respecto de quienes pertenecen al 40% más vulnerable y las personas mayores.
El proyecto, dijo Lilayú, se fundamenta en que los municipios de nuestro país no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte.
El parlamentario explicó que de acuerdo al artículo 7° de la Ley de Rentas Municipales, los municipios cobrarán una tarifa anual por el servicio de aseo, la que es fijada por cada municipalidad en particular. La misma norma dispone que las condiciones generales que fijan el monto a pagar, las cuotas, fechas de vencimiento, entre otros aspectos relacionados, serán regulados mediante las ordenanzas locales correspondientes
Hoy más que nunca, argumentó el diputado, se hace necesario tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la falta de recursos. Estos grupos son constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40% más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos.
Finalmente, el parlamentario dijo que espera que este proyecto cuente con el apoyo transversal en el congreso, pues esto irá en directo de los usuarios que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población o que tengan más de 60 años en el caso de las mujeres y más de 65 años en el caso de los hombres.
